8 barreras que romper para defender los derechos de las personas con discapacidad
En América Latina y el Caribe se estima que hay 140 millones de personas discapacitadas, pero solo un 3% de ellas tiene acceso a servicios de rehabilitación u otra oferta que impulse su desarrollo. Los desafíos en el área son enormes por lo que Gobiernos e instituciones públicas y privadas deben redoblar sus esfuerzos en el área.
Rosa Madera @Rmadera6Rosa
Comúnmente, se entiende la discapacidad como aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, y que a largo plazo afecta a la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.
Este concepto, que puede resultar incluso peyorativo, ha evolucionado favorablemente, a tal punto que las Naciones Unidas (ONU) la ha reconocido en 2006 mediante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destinadas a proteger los derechos y la dignidad de quienes la padecen en todo o parte.
Según estadísticas del propio organismo internacional, en el mundo viven unos 650 millones de personas con alguna discapacidad en cualquiera de sus ámbitos, es decir, el 10% de la población mundial. Se trata de personas que, sobreponiéndose a muchas barreras, han conquistado espacios como ciudadanos a punta de lucha y esfuerzo, porque se trata no solo de reconocer su condición, sino que de abrir espacios y oportunidades como a cualquier otra persona, sin discriminación, con respeto y plena conciencia de sus derechos y deberes.
Si bien se ha avanzado, los desafíos en la materia son enormes y no deben detenerse. El 80% de los discapacitados a nivel mundial se concentran en países de rentas bajas —generalmente subdesarrollados o en vías de desarrollo— alejando especialmente a niños y jóvenes de la oferta educativa, cultural y de entretenimiento, además de atención médica o laboral, entre otras, tan comunes para cualquiera.
La discapacidad es una cuestión de desarrollo, ya que aún posee un vínculo bidireccional con la pobreza y falta de oportunidades. Es decir, la discapacidad puede aumentar el riesgo de pobreza, y a la inversa, esta puede aumentar o languidecer su condición, arrastrando con ello a familias enteras que no ven muchas opciones de salir adelante, más allá de las posibilidades que se encuentran en políticas de gobierno en el área, pero que muchas veces no están muy bien focalizadas. Cada persona con una discapacidad, o más bien, con una capacidad diferente, es un mundo aparte.
La realidad latinoamericana
A pesar del aumento de la visibilidad en la agenda pública regional y de los avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos, tanto a escala nacional como internacional, su situación en América Latina sigue caracterizándose por una profunda desigualdad.
Lo anterior se materializa en grandes brechas socioeconómicas que colocan a este grupo de la población en una condición de vulnerabilidad social que demanda acciones integrales y sustentadas por una férrea voluntad política.
La posibilidad de estas acciones de lograr avances reales en materia de igualdad también depende de la posibilidad de realizar diagnósticos certeros, pero el panorama de los datos sobre las personas con discapacidad en la región no contribuye a ello.
En América Latina y el Caribe se estima que hay 140 millones de personas discapacitadas, pero solo un 3% tiene acceso a servicios de rehabilitación u otra oferta que impulse su desarrollo.
Las cifras desvelan la urgente de necesidad de trabajar en esta área con decisión y sin miramiento políticos, culturales o religiosos: solo uno de cada cuatro niños con discapacidad va a la escuela, y de estos, apenas el 5% acaba su educación primaria según informe de El Plan de Acción sobre Discapacidades y Rehabilitación, aprobado en el marco del 53º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se reunió en agosto en Washington DC (EEUU).
La Organización recalca la necesidad de que los ministros de Salud de las Américas den prioridad a la discapacidad dentro de sus políticas de salud para acabar con esta desigualdad. Pero no se trata de un asunto solo de Estado.
Hay muchas organizaciones sociales privadas creadas en estos últimos años que promueven la inclusión sociolaboral de personas en situación de discapacidad, provocando así un cambio cultural concreto en las organizaciones tanto estatales como de la sociedad civil, a través de la responsabilidad social inclusiva, haciendo de la inclusión un proceso que agrega valor y de contenido a la organización.
No debe entenderse como una manera de hacer caridad, sino que, en forma colaborativa, se trata de generar una rentabilidad social, económica y ética a la vez.
El reconocido físico teórico británico Stephen William Hawking, quien sufrió de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), escribió en el prólogo del Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. “Yo mismo —señaló— he sufrido una neuropatía motora durante la totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar”.
En el mencionado informe, Hawking da cuenta de que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; “de ellas —explica— casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento”. Sin embargo, agrega, uno de los puntos más alarmantes es que en los años futuros la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando producto del envejecimiento de la población, ya que el riesgo es superior entre los adultos mayores.
De igual forma, señala, el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardiovasculares, cáncer y trastornos de la salud mental, serán un factor que incide en el aumento de la tasa de discapacidad tanto en Latinoamérica como en el mundo.
Aunque muchos países han adoptado medidas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, es mucho lo que queda por hacer. Varios de los obstáculos a que se enfrentan las personas con discapacidad son evitables, y es menester entender entonces que algo más se puede hacer, siempre.
Las empresas y la discapacidad
Es cada vez más recurrente ver a empresas y familias (a través de fundaciones y corporaciones sin fines de lucro principalmente) impulsar programas a favor de personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito laboral. La inclusión sociolaboral responde por un lado al compromiso de la empresa con la sociedad y, por otro, a la necesidad de empoderar a las sociedades en las que las empresas desarrollan su actividad empresarial.
El talento en las empresas no debe responder a cuotas ni a prejuicios, sino a competencias, habilidades, experiencias, conocimientos, valores y actitudes diferentes aportadas por personas que se complementan para crear un equipo competitivo que responda a las necesidades del mercado y de la sociedad. Así es la sociedad actual y los inversionistas deben entenderlo.
¿Y, qué pasa en los colegios?
La educación inclusiva —que en muchos países de Latinoamérica recién asoma— es un claro ejemplo de que los desafíos son enormes. Ella significa que todos los niños y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos y en todas las etapas (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y universidades) con lo que les es más fácil entender las necesidades de cada uno.
Un punto importante a aclarar es que más que el tipo de institución educativa a la que asisten niños y jóvenes hoy, es trascendente enfocarse en la calidad de la experiencia, así como la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución.
¡Saltando las barreras!
Sin embargo, como ya se ha señalado, existen aún muchos factores ambientales que limitan la participación de las personas con discapacidad, a los que hay que hacerles frente. Entre estos se encuentran:
- Políticas y normas inadecuadas. El diseño de las políticas no siempre toma en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad o, en ocasiones, las políticas y las normas existentes no se aplican.
- Actitudes negativas. Las opiniones y los prejuicios constituyen obstáculos, por ejemplo, cuando los trabajadores de la salud no logran ver más allá de la discapacidad; los maestros no reconocen el valor de enseñar a los niños discapacitados; los empleadores discriminan a las personas con discapacidad, y, los familiares esperan muy poco de sus parientes discapacitados.
- Falta de prestación de servicios. Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a las deficiencias en servicios tales como la atención en salud, la rehabilitación, o el apoyo y la asistencia.
- Problemas con la prestación de servicios. La calidad e idoneidad de los servicios para personas con discapacidad se ven afectadas por problemas como la mala coordinación entre los servicios, la insuficiente dotación de personal, y las competencias y la capacitación inadecuadas del mismo.
- Financiamiento insuficiente. Los recursos asignados a la ejecución de políticas y planes suelen ser insuficientes. En los documentos de estrategias de reducción de la pobreza, por ejemplo, en ocasiones se menciona la discapacidad, pero no se prevé la forma financiera para abordarla con celeridad.
- Falta de accesibilidad. Las construcciones (incluidos los espacios públicos), los sistemas de transporte y la información suelen ser inaccesibles. La falta de acceso al transporte es uno de los factores que, con más frecuencia, desalienta a las personas con discapacidad a la hora de buscar trabajo o les impide recibir atención de salud. En muchos casos, tampoco se atienden las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. A menudo la información no está disponible en formatos accesibles, por lo que personas con discapacidad no logran acceder a TIC básicas, como teléfonos o televisores.
- Falta de consultas y participación. En muchos casos, se excluye a las personas con discapacidad del proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones que afectan directamente sus vidas.
- Falta de datos y pruebas. A menudo, la falta de datos rigurosos y comparables sobre discapacidad y pruebas acerca de programas con resultados satisfactorios impide comprender la situación y actuar en consecuencia.
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